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En medio de un año de ajustes, Unidad Especializada contra Delitos de Corrupción y Crimen Organizado mantiene el 76,6 % de casos resueltos

Falta de entendimiento de la norma, poca carga laboral, ambigüedades de orden legal, poca coordinación en el trabajo, resoluciones para aclarar las competencias, incremento de jueces especializados… han sido, entre otras, las etapas por las que ha atravesado la Unidad Judicial Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado en su primer año de existencia.

En primera instancia se dijo que en agosto de 2022 estaría en funcionamiento esta nueva unidad. Luego, debido a retrasos, se señaló que la puesta en marcha de este proyecto sería a finales de octubre. Finalmente, luego de nueve meses y la inclusión de 52 días de un curso de formación inicial, los catorce jueces: dos de unidad, seis de tribunal y seis jueces de sala provincial empezaron su trabajo el 9 de diciembre de ese año.

En noviembre de 2021, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió la creación de esta Unidad Judicial, luego que la tarea de implementar jueces especializados en corrupción y crimen organizado fue dispuesta como parte de un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial 345 del 8 de diciembre de 2020.

Cifras oficiales del CJ señalan que entre diciembre de 2022 y enero de 2024 a esta, también conocida como Unidad Anticorrupción, ingresaron 1.356 causas y se han resuelto 1.040. De este último total, 710 fueron resueltas por jueces de unidad, 80 por los magistrados de tribunales y 250 casos pasaron para su resolución por jueces provinciales que integran las salas.

Los primeros meses de funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada, la cual tiene su sede en Quito, llegaron no teniendo la carga procesal deseada, ni estando en conocimiento de los 44 tipos penales para los que fue creada: 37 delitos relacionados con el crimen organizado y siete de corrupción.

En la sesión ordinaria de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), del 31 de mayo de 2023, los magistrados que integraban el pleno de la institución analizaron la situación de esta nueva unidad y debatieron una resolución para aclarar la competencia de los jueces especializados. Se hablaba de que en el primer semestre esta sede judicial manejaba muy bajos números.

Por ejemplo, hasta abril de 2023 tenían una carga procesal de 270 causas ingresadas, de las cuales el 65,19 % (176) tenían que ver con causas penales y el 34,81 % (94) son causas constitucionales. La mayoría de esos casos no cumplían las características para estar en esta unidad especializada: trascendencia o connotación nacional o internacional, intervención de una estructura criminal organizada, reiteración de delitos por parte de la misma, la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos…

Quito. 21/12/2022. En el Complejo Judicial Norte, en Quito, se incluyeron filtros de seguridad para el funcionamiento de la Unidad Judicial Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Santiago Molina /El Universo. Foto: El Universo

Para finales de mayo pasado, Iván Saquicela, presidente de la CNJ, explicaba que pese a que la Unidad Anticorrupción está en pleno funcionamiento, mantenía problemas, como no tener la carga procesal deseada y no estar en conocimiento de las materias especializadas para las que se creó esa judicatura. De lo que se conocía, los catorce jueces que integraban la unidad habían centrado su trabajo en atender acciones constitucionales, autorizaciones de actos urgentes, entre otras.

Reuniones entre la CNJ y los jueces anticorrupción revelaron que entre las razones más fuertes para que no llegaran muchos casos era que procesos sobre materias como el crimen organizado se quedaban en jueces ordinarios de provincias como Esmeraldas, Guayas, Manabí… y no pasaban a Quito, donde está la sede de los jueces especializados llamados a conocer directamente ese tipo de causas.

Esta situación se daba pese a que desde el 2022 se aclaró desde el CJ que los jueces de provincia estaban obligados a enviar a los jueces especializados los casos relacionados con los 44 delitos que tenían que ver con corrupción y crimen organizado. Aún así, el pleno de la CNJ aprobó una resolución que respondió a cinco dudas que mantenían los jueces anticorrupción sobre la competencia de lo procesal en un caso e incluso de aspectos preprocesales.

“El pleno de la CNJ resuelve esta problemática que se dio por ambigüedades de orden legal. Esta resolución consiste, primero, (…) que todos los casos en materia de corrupción y crimen organizado serán imperiosamente conocidos por jueces anticorrupción; y, segundo, cuando se trate de delitos flagrantes, haya formulación de cargos, detenciones, allanamientos, acciones urgentes, entre otras, serán de conocimiento de los jueces anticorrupción, aunque sucedieran en cualquier parte del país”, anotó Saquicela.

Con los cambios y definiciones, para junio de 2023 estas dependencias judiciales especializadas ya habían recibido 493 causas y lograron resolver 380. Para ese punto los delitos más conocidos por los jueces de la Unidad Anticorrupción estaban relacionados con delincuencia organizada, tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, peculado, secuestro, lavado de activos y procesos derivados de las diferentes provincias, entre otros.

Fuente: El Universo

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