Un paquete de reformas al Código de la Democracia está listo para votación del pleno de la Asamblea Nacional, pero se quedarán para después de mayo del 2025, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inicie el periodo electoral para preparar las elecciones presidenciales y legislativas.
Las autoridades de la Función Electoral, integrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) están concentradas en las últimas horas elaborando el calendario que definirá las fechas hito para los comicios generales en los que se elegirá binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos para el periodo 2025-2029.
Este viernes a las 11:00, la presidenta del Consejo, Diana Atamaint convocó al pleno para conocer y resolver sobre el calendario y la resolución que declara el inicio de proceso y periodo electoral, que es considerado como el ciclo que integra todas las actividades y operaciones que se desarrollan de manera ordenada, en las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.
Es decir, el CNE se dedicará a lo largo del 2024 a preparar la jornada del sufragio para primera y segunda vuelta presidencial para, en mayo del 2025, posesionar a las nuevas autoridades.
La Constitución prohíbe expedir reformas electorales un año antes del sufragio y está contemplado en el artículo 117 que dice: «Está prohibido realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones».
Daniel González, analista en derecho electoral, explicó que este es un ‘candado constitucional’ que impide hacer cambios legales un año antes de elecciones, por lo que la Asamblea Nacional tendrá que retomar su debate luego de mayo del 2025, para que rijan en la elección de alcaldes y prefectos del 2027.
González precisó que el periodo electoral es distinto a la convocatoria a elecciones. Con la declaración de periodo, se permite al CNE que pueda exigir recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, definir el cronograma, el presupuesto, entre otras tareas inherentes a la organización de un proceso eleccionario.
La Comisión de Justicia de la Legislatura, presidida por Fernando Cedeño, asambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), aceleró el trámite de este proyecto y se aprobó el informe para segundo y definitivo debate el 18 de diciembre de 2023. Aunque, el presidente del organismo, Henry Kronfle, no lo puso en conocimiento de los 137 asambleístas.
El articulado contiene 48 reformas para lo que se unificaron 17 proyectos de ley, cuyo fondo es cambiar el método de asignación de escaños para la conformación de los cuerpos colegiados.
Entre otros temas que tratan, son la proporcionalidad de las sanciones por infracciones electorales; principio de imparcialidad; participación democrática de las mujeres y prevención de la violencia política de género; transparencia en la designación de conjueces ocasionales; y, gobernabilidad, institucionalidad y estabilidad democrática, este último se refiere al método de adjudicación de escaños contemplado en el artículo 164 del Código de la Democracia.
Actualmente rige el método de asignación Webster, que favorece a la inclusión de las minorías y la postura es volver al método D’Hont.
El líder de la RC, Rafael Correa, rechaza esta metodología, pues «perjudica al país, porque atomiza la Asamblea y vuelve más difícil la gobernabilidad», señaló en una entrevista en radio Sonorama este 8 de febrero.
En la víspera de declarar periodo electoral, sería inviable que pueda incluirse estos cambios legales para las próximas elecciones.
A criterio de Daniel González no habría tiempo, pues en el caso de llegarse a tratar, irían a la Función Ejecutiva para que ejerza su atribución de vetarla o no, para lo que tiene 30 días de plazo. Y, estaría vigente tras la publicación en el Registro Oficial.
De esta forma, las elecciones del 2025 van a ser similares a las generales del 2021, dijo González, con una salvedad: habrá un mayor número de asambleístas.
«Para esta elección se aplicarán las mismas reglas del juego, únicamente lo distinto es que vamos a elegir más asambleístas. Lo que se va a haber en el pleno es que el método Webster se aplicará de la misma manera y ciertos bloques tendrán la posibilidad de incorporar más asambleístas locales y nacionales que tuvieron una votación. Esta dispersión de partidos políticos se va a reflejar en la Asamblea», indicó el académico, quien cree que la ley electoral requiere cambios de fondo.
«Hemos pasado del método D’ Hont a Webster, esto lleva a confusiones a la ciudadanía al momento de elegir; y, se requieren cambios de fondo como en la fiscalización y gasto electoral, también en la jurisprudencia que aplica el Tribunal Contencioso Electoral», enfatizó.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, adelantó que ese número iría de 137 legisladores a 151, en cumplimiento del artículo 150 del Código de la Democracia que estipula que la Asamblea estará compuesta por quince asambleístas, elegidos en circunscripción nacional; dos asambleístas elegidos por cada provincia o distrito metropolitano, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo con el último censo nacional de población.
En ese caso, el número de parlamentarios aumentará, pues el último censo de población elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), indicó que en Ecuador hay 16′938.986 ecuatorianos.
La última reforma al Código de la Democracia la aprobó la Asamblea Nacional el 22 de enero de 2020 y se publicaron en el Registro Oficial el 3 de febrero del mismo año.
Con ellas, se estrenó la exigencia de que el CNE organice debates electorales a los candidatos a alcaldes y a los postulantes a la Presidencia de la República.
También la inscripción del 50 % de mujeres y jóvenes como cabezas de listas y la formación del binomio presidencial hombre-mujer o mujer-hombre, entre otras. (I)
