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Sector empresarial calcula que hasta 10.000 empresas estarían sujetas al pago de contribución del 3,25 % de sus utilidades

El sector empresarial indica que serán muchas las compañías que deberán cumplir con la contribución temporal de seguridad que fue aprobada por la Asamblea en el proyecto de ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno y las crisis económica y social: 4.000 empresas fue el primer cálculo hecho desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), luego la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) proyectó que serán 10.000 las empresas afectadas.

Miguel Ángel González, presidente del CEE, indicó que aunque no cuenta con la cifra exacta del número de empresas que tendrán que cancelar la contribución son alrededor de 4.000 empresas entre medianas y grandes las que tuvieron utilidades positivas y por tanto serían sujetas al pago del impuesto aprobado por el Legislativo con 134 votos.

Mientras, que desde la CCQ, el cálculo llega hasta las 10.000 compañías entre medianas y grandes que alcanzaría la contribución. Estas empresas, según información disponible en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), se dedican a diversas actividades económicas, entre las que destacan: comercio, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, actividades financieras y de seguros, y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; abarcando cerca del 80% de la contribución total.

Las empresas que pagarán, según lo aprobado, son las sociedades residentes fiscales en Ecuador que obtuvieron ingresos gravados durante el ejercicio fiscal 2022, así como los establecimientos permanentes. Se excluye a las micro, pequeñas empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito.
La contribución será del 3,25 % sobre la base imponible de las utilidades netas gravadas con el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022. Se pagará durante lo que resta del año 2024 y durante el 2025.
González también confirmó los cálculos del Ejecutivo que señalan que por la contribución a las utilidades de las empresas se proyecta un ingreso anual de $ 325,6 millones.

Sobre el impacto en estas empresas, el titular del CEE reconoció que existe una grave preocupación. “Recordemos que este año también comenzaron con las autoretenciones que en algunos casos ascienden hasta el 10 %. A esto hay que sumarle un nuevo desembolso extraordinario por contribución sobre utilidades”, sostuvo González.

Analizó que las consecuencias inmediatas serán menor liquidez, menor crecimiento, menor generación de empleo. “Estamos haciendo lo contrario de lo que se necesita para mejorar la economía del país. Y hoy necesitamos luchar contra la guerra, contra la inseguridad, pero al mismo tiempo impulsar la economía”, manifestó.

En una entrevista radial el presidente del CEE criticó que el sector privado tenga que hacer recortes y que el Estado no los haga. “Tampoco está bien que mientras algunos formales pagan sus impuestos, no está bien que haya otros que hacen las cosas por la izquierda, defrauden al fisco y al final se les sigue cobrando al que siempre paga… antes de pensar en contribuciones adicionales el Estado debe hacer su tarea”, agregó.
Por ejemplo, el dirigente aseguró que “más de $ 1.500 millones o $ 2.000 millones, según estimaciones, se van en compras públicas que están hechas a precios fuera del mercado. Nosotros decimos que las compras públicas deben estar hechas al precio del mercado, no de negociado, entonces si por corrupción se va la plata, ahí es donde hay que conseguir los recursos”. (I)

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