Barrientos, asesino de Víctor Jara, esperado tras expulsión

Ministerio del Exterior de Chile informó que el exmilitar Pedro Pablo Barrientos, prófugo durante 40 años y condenado por el asesinato y tortura del cantautor Víctor Jara, había sido deportado y sería llevado este viernes a Chile.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce el constante apoyo que las autoridades estadounidenses han brindado en esta causa, lo que permitirá que Barrientos enfrente a la Justicia por su responsabilidad en los crímenes de Víctor Jara y (el exdirector de Prisiones) Littré Quiroga”, señaló Cancillería en un comunicado oficial.

En 2013, la Embajada de Chile en Estados Unidos, a requerimiento de la Corte Suprema de Chile, solicitó la extradición de Barrientos a las autoridades estadounidenses, en un proceso que  “fue seguido por una serie de conversaciones e intercambio de información entre ambos gobiernos, debido a la sensibilidad e importancia asignada al caso”, apuntó la nota.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que Barrientos fue detenido en Florida y juzgado por haber entregado información falsa en su proceso de nacionalización estadounidense, lo que condujo a la cancelación de su ciudadanía y “abrió la posibilidad para su deportación a Chile”.

La Corte Suprema confirmó el jueves que Barrientos será trasladado por la Policía de Investigaciones (PDI) hasta el Batallón de la policía militar de Peñalolén, donde quedará detenido en calidad de procesado y permanecerá en prisión preventiva, informó la prensa local.

Según constató el ministro encargado del caso, Guillermo de la Barra, será la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos quien entregue a Barrientos a la PDI, que procederá a su arresto.

Barrientos, “deportado” tras haber perdido su nacionalidad

Barrientos será deportado –no extraditado– a Chile como cualquier indocumentado porque fue despojado de la ciudadanía estadounidense, explicó el jueves al portal de noticias EFE la abogada Almudena Bernabeu, quien lideró el equipo que presentó el caso civil en una corte de Orlando, en Florida.

El juez estableció que el exmilitar “ocultó intencionalmente hechos materiales relacionados con su servicio militar en sus solicitudes de inmigración”. Según el expediente judicial, adquirió de forma ilegal la ciudadanía porque carecía de buen carácter moral al cometer actos ilegales, dar falso testimonio y participar en ejecuciones extrajudiciales.

El exoficial contestó en los trámites migratorios, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar y negó que hubiera participado en algún genocidio o en el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.

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