Una operación judicial desarrollada en Lisboa incluye las detenciones de su jefe de gabinete y un empresario amigo, además de 42 registros. Costa afirma que ser investigado es “incompatible con la dignidad del cargo”.
António Costa, primer ministro de Portugal desde 2015, ha dimitido este martes tras verse envuelto en una investigación relacionada con tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos. Costa presentó su renuncia ante el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en la segunda visita que realizó a su residencia oficial de Belém en menos de cuatro horas, cuando ya se había divulgado que el Tribunal Supremo había abierto una investigación separada para esclarecer el papel del primer ministro en la concesión de dos explotaciones de litio en Montalegre y Covas do Barroso y un proyecto de producción de hidrógeno verde en Sines. “Obviamente, presenté mi dimisión”, ha dicho Costa, que ha asegurado abandonar el cargo “con la conciencia tranquila”.
En su declaración ante la prensa en el palacio de São Bento, que horas antes había sido registrado por la policía, Costa ha señalado que “la dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación” por el Supremo. “Mi obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas”, ha subrayado. Las dos ideas que ha repetido durante su intervención, que ha incluido algunas preguntas de la prensa, fueron que ignoraba los actos que son considerados sospechosos, pero que el simple anuncio de la Procuradoría General de la República (Fiscalía) de que sería investigado le invalida para continuar al frente del Gobierno. “Yo no estoy por encima de la ley. Si hay alguna sospecha, que sea investigada”, ha indicado tras reivindicar el “orgullo” de haber reforzado los medios judiciales para combatir la corrupción. “Estoy tranquilo con el juicio de mi conciencia, no ya respecto a actos ilícitos, sino incluso censurables”, ha destacado.
La renuncia, aceptada por el presidente de la República, abre ahora una gran incertidumbre política en el país. Tras la intervención de Costa, Rebelo de Sousa ha anunciado que recibiría este miércoles a los líderes parlamentarios y que convocaba un Consejo de Estado para el jueves, después de lo cual se dirigirá al país. Todo hace prever que disolverá la Asamblea de la República y convocará elecciones anticipadas. Costa continuará en funciones mientras tanto, pero ha dejado claro que no volverá a ser candidato del Partido Socialista.
El sobresalto que ha precipitado en pocas horas la dimisión de António Costa comenzó este martes por la mañana en Lisboa con la detención de dos personas de su círculo más estrecho por irregularidades cometidas en la concesión de la explotación de yacimientos de litio y de proyectos de hidrógeno verde. A primera hora fueron arrestados Vítor Escária, jefe de gabinete del primer ministro, y el empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de Costa, que le confió en el pasado misiones estratégicas como la nacionalización de la aerolínea portuguesa TAP.
La Fiscalía explicó que ambas detenciones se realizaron para evitar el riesgo de fuga, continuación de actividad delictiva y alteración de la investigación judicial que pretende esclarecer si se han cometido delitos de prevaricación, corrupción pasiva y activa y tráfico de influencias. Escária y Lacerda pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
En paralelo, la Policía de Seguridad Pública realizó unos 42 registros, que incluyeron la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento, los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente y Acción Climática, la Cámara Municipal de Sines, varios organismos públicos, 17 domicilios y cinco despachos de abogados. La Procuraduría General de la República ha declarado arguidos (sospechosos oficiales en el proceso portugués) al ministro de Infraestructuras, João Galamba, y al presidente del consejo directivo de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Además, en la operación también han sido detenidos el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto en Sines.
Pocas horas después, la Fiscalía reveló en un comunicado que el primer ministro estaba siendo objeto de una investigación autónoma desarrollada por el Tribunal Supremo por su papel en el impulso a los negocios relacionados con la transición energética. “En el curso de las investigaciones surgió, además, el conocimiento de la invocación por sospechosos del nombre y de la autoridad del primer ministro y de su intervención para desbloquear procedimientos en este contexto”, señala la nota.
Este anuncio fue el detonante de la dimisión de António Costa, que se reunió en pocas horas en dos ocasiones con Rebelo de Sousa. La primera se produjo tras los registros y la detención de su jefe de gabinete, mientras que la segunda ocurrió tras la nota de la Fiscalía que anunciaba que sería investigado y que se difundió después del encuentro que mantuvieron en Belém el jefe del Estado portugués y la Procuradora General de la República, Lucília Gago, que ha impulsado la investigación.
El Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha), que lidera la oposición, ha convocado una reunión de urgencia de su comisión permanente para esta tarde. Al finalizar está previsto que su presidente, Luís Montenegro, realice una declaración oficial.
Trato de favor
La operación que ha desatado la crisis política en Portugal se enmarca en una investigación del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que comenzó a finales de 2019 tras una denuncia anónima para dilucidar si se habían producido tratos de favor hacia empresas portuguesas (EDP, Galp y REN) para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines, el gran polo industrial creado alrededor del puerto que está transitando de las fábricas contaminantes del pasado a las descarbonizadas. El proyecto inicial para exportar hidrógeno verde a Holanda había sido presentado por un empresario holandés en el verano de 2019, antes de que el Gobierno implicase públicamente a las tres empresas lusas en el mismo. Además, en la causa se investigan las concesiones para explotar litio en Montalegre.
Las irregularidades salpican al otro gran proyecto de explotación de litio en Covas do Barroso, a pocos kilómetros de la frontera con Galicia, que recibió este año la autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, a pesar de recibir cerca de un millar de alegaciones en contra y de un informe contrario de un relator de la ONU. El lugar es, además, el único enclave portugués declarado Patrimonio Agrario Mundial por la FAO. La Agencia de Medio Ambiente dio luz verde en mayo al proyecto de la empresa británica Savannah Lithium, pese a reconocer en su informe que pondrá en peligro la declaración del organismo de Naciones Unidas. “Las afectaciones directas o indirectas, incluyendo los impactos residuales, impuestos por la elevada presión de proyectos sobre el área puede comprometer la clasificación de Patrimonio Agrícola Mundial. Se considera además que no existe compatibilidad y posibilidad relevante de integración paisajística del proyecto en el territorio”, observaba la agencia portuguesa en su declaración.
La investigación de las presuntas irregularidades en concesiones presentadas como esenciales para la transición energética afecta tanto al anterior ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernández, y a su secretario de Estado de Energía y actual ministro de Infraestructuras, João Galamba. Este ministro estaba en entredicho desde hace meses por su gestión de la crisis política relacionada con la aerolínea TAP, que le llevó a tener que declarar en una comisión de investigación parlamentaria.
La Procuraduría General de la República confirmó a comienzos de enero que estaba en marcha una investigación bajo secreto judicial sobre negocios relacionados con el litio y el hidrógeno verde. Tras ser preguntado por este proceso, el ministro Galamba respondió: “Nunca fui escuchado sobre ese proceso absurdo, exactamente porque es absurdo y vacío”, según recuerda este martes Público.
Por esta operación, el anterior ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernández, tuvo las comunicaciones intervenidas por orden judicial. En cuatro de las varias conversaciones interceptadas fue grabado el primer ministro António Costa. Tres de ellas fueron destruidas y descartadas por resultar irrelevantes para la investigación, pero hay una cuarta, registrada el 28 de diciembre de 2020, en la que Costa y su ministro abordan los negocios del litio y del hidrógeno verde, la posibilidad de atraer fondos comunitarios y miles de millones de inversores, según el semanario Expresso.
Fuente: El País
