El crecimiento de la economía es impulsado por el crédito, que en septiembre tuvo un 9,9% de crecimiento respecto al año anterior

La economía ecuatoriana registró una variación positiva anual de 3,3% en el segundo trimestre de 2023 según las cuentas del Banco Central (BCE), impulsada principalmente por un incremento de las operaciones de crédito de las familias ecuatorianas, lo que se evidencia en un nuevo reporte de la Evolución de la Banca de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

La cartera de crédito alcanzó los USD 41.374 millones a septiembre de 2023, un crecimiento anual del 9,9%, o el equivalente a USD 3.735 millones adicionales, de acuerdo con información de la Superintendencia de Bancos. De ese total, la cartera del crédito de consumo llegó a USD 16.818 millones, lo que representa un incremento anual de 15,9%.

El crédito de consumo contribuye al crecimiento económico de los hogares ecuatorianos porque permite a las familias, la compra de bienes y servicios del sector productivo, lo que dinamiza la venta de las empresas del país.

Según la Superintendencia de Bancos, la cartera del crédito comercial, destinado a PYMES y empresas, alcanzó los USD 18.333 millones, un crecimiento anual de 4,7%. Es así como los bancos privados apoyan con financiamiento a las pequeñas, medianas y grandes empresas del país para que, a partir del acceso a financiamiento formal, puedan incrementar sus ventas, fortalecer el empleo y contribuir al desarrollo económico del país.

Otro segmento clave para los bancos privados es el microcrédito, que este mes ascendió a USD 3.350 millones en septiembre de 2023, un 13,5% más que el mismo mes del año pasado. De hecho, según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador existían 863.681 empresas en 2022, de las cuales, el 93,9% eran microempresas, las cuales generaron el 56% del empleo en 2022, según las últimas cifras del INEC.

Estas pequeñas empresas, que en su mayoría se componen de trabajadores independientes y de ingresos no constantes, demandan de financiamiento permanente. Por tal motivo, este tipo de crédito se vuelve vital.

En definitiva, del total de la cartera crediticia a septiembre de 2023, el 59% (USD 24.292 millones) está destinada a los créditos de producción (productivo, PYMES, vivienda y microcrédito) y el 41% a los créditos de consumo (USD 17.082 millones).

Sin embargo, las cifras en el crecimiento del crédito podrían mejorar. En Ecuador, el dinamismo en la entrega de financiamiento está afectado por la existencia de techos a las tasas de interés que no permiten que se determinen tasas en función del riesgo de cada cliente, y no reflejan las condiciones del mercado en la coyuntura actual y, por ende, impiden que se incluya a más personas al sistema financiero formal.

Precisamente, el reporte del Programa de Evaluación del Sector Financiero de Ecuador (FSAP, por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI), señala que el crédito continuó creciendo en el periodo post-pandemia, sin embargo, alerta que el endurecimiento de las condiciones financieras globales podrían presentar desafíos ante la presencia de techos a las tasas de interés en el país.

Por eso, el informe del FMI resalta la necesidad de realizar una reforma al sistema de tasas de interés que actualmente limita el acceso al crédito a nuevos ecuatorianos, lo que ayudaría al proceso de inclusión financiera.

La evaluación del FMI señala que la alta exposición de Ecuador a riesgos naturales representa riesgos para los bancos y cooperativas. Es una observación muy oportuna, y por eso es importante que la ciudadanía conozca que, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, los bancos privados se encuentran preparados para acompañar a las familias y empresas del país del frente a los potenciales impactos que ocasionaría.

 

Los indicadores de liquidez, solvencia y cobertura se encuentran en niveles adecuados y sólidos, lo que permitirá implementar distintos planes de acción para que los bancos apoyen a sus clientes de acuerdo con cada caso y necesidad particular.

Planes de acción similares ya se pusieron a prueba durante la pandemia del coronavirus, que representó la crisis más grave del país y del mundo, cuando provocó el cierre de varias actividades productivas.

A pesar de los desafíos, los bancos continuarán entregando crédito a las empresas y familias ecuatorianas para apoyar a la economía en su conjunto.

 

La mayoría de los depósitos es a plazo

La Superintendencia de Bancos informó que los depósitos llegaron a los USD 44.490 millones a septiembre de este año, lo que representa un crecimiento anual del 6,4%, o el equivalente a USD 2.677 millones más en captaciones.

Del total de captaciones bancarias, el 44% de estas o USD 19.713 millones corresponden a depósitos a plazo, un crecimiento del 18,6% en comparación con septiembre de 2022. Mientras que los depósitos de ahorro llegaron a USD 11.236 millones y los depósitos monetarios, a USD 11.340 millones.

El incremento de los depósitos es una demostración de confianza de los clientes en el sistema bancario; además, por su rol de intermediación, las captaciones son la fuente de financiamiento principal para que las entidades financieras otorguen créditos a las familias y empresas ecuatorianas.

Por otro lado, el manejo técnico de la banca se evidencia en sus indicadores. El nivel de cobertura fue de 208%, es decir, la banca privada tiene un nivel de provisiones que es 2,1 veces más alto que su cartera improductiva, mientras que la liquidez se ubicó en 23,9% en septiembre de 2023.

Pese a los desafíos que afronta el país, los bancos privados están sólidos, líquidos y solventes, siendo importante que la política pública apunte, en los siguientes meses, a consolidar la salud del sistema financiero para beneficio de todos los ecuatorianos.

Al respecto, el reporte del FSAP, que sirve como herramienta para recomendar políticas públicas para consolidar la estabilidad del sistema financiero, resalta la necesidad de que se trabaje en cambios regulatorios que consoliden su solidez, entre ellos, el reformar las normas de acceso a información crediticia y reformar el sistema de determinación de tasas de interés para apoyar la inclusión financiera y la reactivación.

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