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Gobierno rechaza denuncia por presunta omisión dolosa en el crimen de Fernando Villavicencio

Familiares de Villavicencio denunciaron al presidente Guillermo Lasso, al ministro del Interior, al comandante de la Policía Nacional y a otras autoridades.

A través de un comunicado, el Gobierno rechazó la denuncia por el presunto delito de omisión dolosa en torno al asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, que planteó una parte de la familia del fallecido candidato presidencial por el movimiento Construye.

Carondelet solicitó “que no se politice el caso y se permita al sistema de justicia avanzar con las investigaciones y llegue a una verdad procesal”.

La denuncia fue presentada la mañana del viernes 18 de agosto, en la Fiscalía General del Estado, en Quito, en contra de cinco personas: el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Manuel Samaniego, director general de Inteligencia de la Policía Nacional; y el subdirector operativo de seguridad y protección, en la demanda se desconoce el nombre.

El recurso legal interpuesto se sustenta en el el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de asesinato, y además en concordancia con la omisión dolosa expresada en el artículo 28 del mismo cuerpo legal. Esto es aduciendo que el Estado sabía que la víctima tenía un perfil de riesgo del 97 %.

En el comunicado oficial del Ejecutivo se señala que desde el momento que se conoció del crimen, “el Gobierno puso en marcha todos los mecanismos que le competen, para que la investigación avance y se encuentre a los autores materiales -ahora detenidos– e intelectuales”.

Muestra de aquello es que se tomó contacto con el FBI de Estados Unidos, con el fin de resolver el caso, “con total transparencia”, y en el menor tiempo posible, bajo la conducción de la Fiscalía.

“Para el Gobierno es inaceptable que se considere que la actuación del presidente de la República, del ministro del Interior y del comandante general de la Policía Nacional, en cuanto a la seguridad de Fernando Villavicencio, fuera“premeditada” con el objetivo de “dejar en el abandono a un candidato presidencial”, reprochó el Ejecutivo.

Los familiares de Villavicencio responsabilizan al Estado por no brindar todas las protecciones debidas y necesarias al candidato, que por sus investigaciones periodísticas que destaparon casos de corrupción y negocios turbios relacionados con mafias fue blanco de persecuciones y amenazas constantes.

Uno de los abogados de la familia, Marco Yaulema, relató que el día del asesinato Fernando bajó de la tarima y el chofer del vehículo blindado, César Gonzaga, aseguró que se encontraba a 2 minutos del coliseo del colegio Anderson, donde se registró el asesinato; pero la sorpresa fue que no se esperaron esos 2 minutos y “lo trasladaron a Fernando Villavicencio, sujetado de brazos con una botella en la mano izquierda, impidiendo su movilidad”, cuando los protocolos de la Policía determinan el actuar de su seguridad.

Yaulema afirmó que aquel día no existió el número adecuado de custodios, inclusive en la camioneta donde fue embarcada la víctima no se encontraba en el asiento del conductor. Sumado a eso, personal de seguridad ingresó en el asiento posterior a Villavicencio y este recibió dos balazos en el rostro y otro en el cerebro. No existió un custodio al otro lado de la camioneta; entonces, cómo puede el comandante de la Policía, Fausto Salinas, afirmar en medios de comunicación que hubo tres anillos de seguridad, cuando no hubo inteligencia previa en el coliseo, no acordonaron la zona y había tránsito vehicular, contó.

Por ello, aseveró que “el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la Presidencia de la República”.

Esta es la segunda denuncia que se plantea en contra del presidente Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas; y funcionarios y personal de la Policía que estuvieron a cargo de precautelar la vida de Villavicencio. El recurso fue interpuesto el martes 15 de agosto, Édison Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Amigo, lista 16. (I)

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