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¿La eliminación de una de las pruebas puede anular la sentencia del caso Odebrecht en Ecuador como pretende Jorge Glas?

Marcelo Odebrecht era el presidente de la mayor constructora de América Latina que lleva su apellido cuando en junio de 2015 fue detenido en su lujosa casa de Sao Paulo por la policía brasileña acusado de pagar coimas para obtener contratos de la estatal petrolera Petrobras.

La detención fue el punto de partida de una trama de corrupción transnacional en la que estaban involucrados políticos y empresarios de Ecuador y de al menos otros once países de dos continentes.

En el país el caso salpicó al exvicepresidente de la República del correísmo Jorge Glas, quien fue condenado el 13 de diciembre del 2017 a seis años de cárcel, junto a otros cuatro procesados, como autor del delito de asociación ilícita en esta trama de corrupción por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht pagó en Ecuador.

Glas, quien ahora está en libertad provisional, afirma que la resolución del Tribunal Federal de Brasil sobre que las pruebas usadas contra políticos acusados de recibir sobornos, conseguidas de los sistemas tecnológicos de Odebrecht, están ”contaminadas” y “no pueden ser utilizadas”, deja sin sustento la condena en su contra porque ya no existirían las pruebas.

El magistrado José Días Toffoli incluyó a Glas en la decisión de anular pruebas que beneficiaron a políticos brasileños ante un pedido de la defensa del exvicepresidente del correísmo. Se trata de las pruebas de los sistemas tecnológicos Drousys y My Web Day B creados por Odebrecht para consumar el pago de sobornos a funcionarios identificados con sobrenombres.

Analistas consultados coinciden que estas no serían las únicas pruebas que derivaron en la condena de Glas.

El experto penalista Julio Cueva afirma que si las pruebas anuladas son las que la Fiscalía General del Estado trajo mediante asistencia penal internacional para a base de eso sustentar la condena de Glas, pues sí puede dar pie a un recurso de revisión con el fin de eliminar la sentencia en su contra. “Incluso luego podría demandar al Estado por errónea administración de justicia, es decir, que además tocará pagarle indemnización”.

Sin embargo, no es el caso ya que la condena se basó en más pruebas de la que ha sido anulada.

Un informe de la Fiscalía General del Estado cuando Carlos Baca Mancheno, que consiguió la condena, estaba en el cargo de fiscal general relata que se presentaron 40 pruebas documentales entre el 29 y 30 de noviembre del 2017. Un total de 1.405 fojas distribuidas en 76 cuerpos.

Entre estas se incluye la participación de asistencias penales internacionales de Estados Unidos, Panamá y Brasil a través de las cuales se “dio a conocer el esquema de sobornos”.

Hay copias certificadas y traducidas del inglés al español de la investigación iniciada por Estados Unidos, al igual que la “información respecto a los códigos del sistema DROUSYS, (que) muestra el registro de las transacciones del Sistema de Operaciones Estructuradas de Odebrecht”. Estas últimas serían las pruebas desvirtuadas por el Supremo Tribunal de Brasil

Pero no son las únicas que sustentaron la condena en Ecuador. El documento detalla también “la información societaria de doce compañías investigadas e información financiera de siete bancos y su relación con ciertas empresas”.

Y un flash memory entregado por la misma empresa Odebrecht dentro del marco de la Delación Premiada (cooperación eficaz) con información del Caso Operación Lava Jato, que incluye las declaraciones de los mismos coimadores que explican la ruta del dinero y cómo pagaban las coimas.

“Hay más pruebas, de Panamá y Estados Unidos a través de acuerdos de cooperación eficaz. (En caso de que presenten el recurso de revisión) la Fiscalía General del Estado deberá demostrar que todas ellas solas, excluidas las de Brasil, son suficientes para sostener la condena”, asegura Cueva.

El documento de la Fiscalía indica, además, los oficios, copias certificadas y las ofertas de licitación de los cinco proyectos involucrados: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico y el acueducto La Esperanza con detalles de los nombres de los principales proveedores.

Todos estos fueron adjudicados durante el régimen del expresidente Rafael Correa (2007-2017), en el que Jorge Glas fue vicepresidente y ministro de asuntos estratégicos.

Xavier Andrade, jurista y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, asegura que hay un factor preponderante dentro de la parte probatoria de los procesos. Esta es que todo lo actuado por un país goza de legitimidad en esa nación y no en otro lugar fuera de su jurisdicción. “Es una regla básica. Esa misma prueba también fue parte de las que sustentaron la condena en Suiza, donde también fue sentenciada Odebrecht. Y qué pasaría si aquí en Ecuador se declara la nulidad de algo actuado dentro del caso Odebrecht, afectará a Suiza o a Brasil, pues la respuesta es no”.

Una prueba, evidencia o proceso goza de legalidad y legitimidad conforme a las reglas que hay en cada uno de los países, dice el jurista, lo que no implica afectación a otra jurisdicción. “A pesar de que hay ciertos procedimientos parecidos, las reglas de valoración de las pruebas son distintas”.

La copia de un documento en Estados Unidos ya es en sí una prueba documental, dice Andrade, pero aquí en Ecuador la copia simple no tiene valor. “Ese papel tiene que ser un documento notariado, ya que solo un notario da fe de los documentos”.

La resolución del juez brasileño, coinciden los analistas, evidencia también como los sistemas judiciales están politizados en la región, ya que surge justo en el mandato de Luis Ignacio Lula Da Silva, un coideario de Correa, ambos líderes latinoamericanos que enarbolan el denominado socialismo del siglo XXI.

El caso Odebrecht no está sustentado en una sola prueba

El mismo fiscal general de la Nación de ese entonces Baca Mancheno indicó que la “Fiscalía entregó al Tribunal un total de 80 pruebas testimoniales, periciales y documentales, entre documentos, memorandos, contratos y materialización de información recibida de EE. UU. y Brasil” en el caso que derivó en la condena de Glas.

El documento de la Fiscalía indica correos electrónicos, informes técnicos periciales, como pen drives incautados y testimonios de testigos protegidos.

Además, hay acuerdos probatorios, informes de movimientos financieros y de riesgos tributarios que demuestran el traspaso de dinero de empresas nacionales que eran proveedoras de la constructora Odebrecht.

Hay evidencias de la relación comercial entre empresas públicas y los procesados, al igual que la confirmación de transferencias bancarias a empresas offshore y entre Odebrecht y empresas de los procesados, indica el informe de la Fiscalía.

Y la mención de que una de las obras investigadas, el poliducto Pascuales-Cuenca, fue innecesaria y de alto costo para el país.

“Así sea ese el concepto de que se anule esta prueba, de ninguna forma fueron sentenciados a base de eso. Hay otras evidencias de aquí de Ecuador que son las que tienen valor, la justicia no resolvió a base de una sola cosa sino de un centenar de evidencia”, dice Andrade.

El recurso de revisión que tienen previsto presentar, según han declarado varios líderes del correísmo, si puede plantearse bajo la hipótesis de que la condena se basó en testigos o pericias falsas.

En el caso Odebrecht, el pago de las coimas es parte de un hecho comprobado, indica Andrade: “Dentro de la doctrina, la única posibilidad de que a una persona la declaren inocente es que haya dudas de la existencia del hecho o que la responsabilidad no exista, más de allá cualquier nulidad o validez que se pueda dar”.

No puede darse una invisibilidad sobre el asunto. “Si el hecho está probado, no es inocente la persona, es responsable más allá de los cuestionamientos jurídicos, como la contaminación de la escena del crimen”.

En cuanto al proceso que se analiza, “el que pagó la coima reconoció y dijo cómo la pagó y frente a eso se obtuvieron pruebas”.

En la sentencia hay pruebas derivadas del acuerdo de cooperación con Estados Unidos y Panamá

Tras el caso Odebrecht, que tiene sentencias en varios países de la región, está también la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que informó en diciembre del 2016 que la constructora Norberto Odebrecht sobornó entre 2007 y 2016 a funcionarios del Gobierno ecuatoriano por un valor de más de 35,5 millones de dólares, inversión que generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

“Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional unidad de negocios de la empresa, un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera, que sistemáticamente pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes”, afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sobre el pago de las coimas hay confesiones de más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht).

Los medios internacionales reportan una de estas confesiones, la de Cláudio Melo Filho, cuyo trabajo consistía, según el mismo afirmó ante la policía, en presionar a políticos brasileños a cambio de que favorecieran los intereses de la empresa a la hora de conceder contratos o modificar leyes, una práctica que aplicaban en los países donde operaban.

Otra de las pruebas recogidas por los investigadores está la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornados, lo que finalmente derivó a que Marcelo Odebrecht acceda a cooperar reconociendo el delito.

Así se logró un acuerdo de cooperación eficaz en el que le rebajaron diez años de los 19 años a los que fue sentenciado a cambio de que explique y delate cómo se pagaban los sobornos. Otros 77 altos cargos de la empresa también dieron nombres, fechas y cuantías a cambio de años de libertad.

Glas mantiene dos penas en firme: seis años de prisión por una asociación ilícita relacionada con el caso Odebrecht y ocho años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos 2012-2016. (I)

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