Asesinatos a plena luz del día en espacios públicos o escenarios privados, ataques con explosivos a casas y negocios, asaltos a centros comerciales, atentados contra uniformados y sedes policiales, cobro de ‘vacunas’ (extorsiones) y secuestros.
Son los delitos que mantienen en zozobra a los ecuatorianos y contra los que el gobierno de Guillermo Lasso ha intentado luchar durante estos dos años de gestión que se cumplen este 24 de mayo.
La percepción ciudadana es que la inseguridad es un grave problema que el Gobierno no ha logrado contener del todo, pese a los estados de excepción y medidas que se han implementado.
Uno de los hechos más violentos de este 2023 ocurrió la mañana del 11 de abril en un puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, cuando una treintena de hombres armados con fusiles se adentraron en el sitio, mataron a balazos a nueve personas y dejaron heridas a otras tres. Esto, en medio de un estado de excepción vigente en la provincia de Esmeraldas.
Los antisociales llegaron a bordo de lanchas y carros hasta la zona de bodegas del muelle pesquero, presuntamente en búsqueda de un hombre conocido como alias Papá, quien sería allegado a un grupo local autodenominado Los Patones.
El Gobierno atribuyó este atentado a las bandas de Los Tiguerones y Los Gangsters, en el marco de una disputa de territorio en una zona clave para actividades de narcotráfico.
Días después de este hecho, el 29 de abril, en el suroeste de Guayaquil, ciudad que integra la Zona 8 conjuntamente con Durán y Samborondón, se produjo otra masacre en la que cayeron abatidas diez personas que estaban reunidas en las calles 14 y Gómez Rendón. El ataque, en el que también se usaron fusiles, se perpetró en la noche.
Este múltiple crimen se dio aun cuando en la Zona 8 también rige un estado de excepción con toque de queda de 01:00 a 05:00. La misma medida está vigente en las provincias de Santa Elena y Los Ríos para contrarrestar la violencia criminal.
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Durante estos dos años de gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso, desde el 18 de octubre del 2021 hasta el 1 de abril del 2023, se han decretado diez estados de excepción a nivel general y de manera focalizada con el propósito de luchar contra la inseguridad en las calles.
Las cifras de muertes violentas han ido en aumento entre el 2021 y lo que va de este 2023 a escala nacional. En el primer periodo hubo 2.464 casos, mientras que en 2022 se registraron 4.614 crímenes. Y en los primeros dos meses del año en curso se reportaron 945 homicidios intencionales.
Tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional han señalado, en reiteradas ocasiones, que el incremento de muertes violentas en el país está relacionado con la disputa de territorio para microtráfico entre bandas delictivas que tienen nexos con el narcotráfico internacional.
Sin embargo, el titular de la cartera del Interior, Juan Zapata, ha reconocido que sí existen muertes colaterales, ya que los delincuentes “perdieron los códigos, la muerte ya no es selectiva y disparan a mansalva y hay algunos inocentes que han fallecido”.
También se ha expuesto desde el régimen que la ola de violencia en las calles es parte de las represalias de las bandas por los decomisos de droga ejecutados. Según cifras de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en 2021 en Ecuador se decomisaron 210 toneladas de estupefacientes; en 2022 fueron 201 toneladas.
Mientras, este año del 1 de enero al 5 de marzo se incautaron 33,2 toneladas de droga a escala nacional.
Los estados de excepción
En declaraciones a los diferentes medios de comunicación el ministro Juan Zapata ha defendido los resultados obtenidos con los estados de excepción, los más recientes son el vigente en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Santa Elena y Los Ríos (del 2 de abril al 2 de junio) y el declarado en Esmeraldas el 3 de marzo por un periodo de 60 días.
Esta medida permite, entre otras cosas, la ejecución de operativos conjuntos entre militares y policías en los sectores considerados conflictivos de estas jurisdicciones. Diecinueve días después de decretarse el estado de excepción en la Zona 8, el secretario de Estado indicó que las muertes violentas tuvieron una reducción del 36 %.
Mientras, en los primeros nueve días (del 2 al 10 de abril) del estado de excepción en Santa Elena y Los Ríos los crímenes se redujeron en el 57 % y el 79 %, respectivamente. En ese lapso hubo 444 detenidos, 79 armas de fuego y 41 armas blancas incautadas en ambas provincias más la Zona 8.
Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional y ciencias políticas, considera que estos dos años de Gobierno han tenido un reto sin precedente, entre otras cosas, porque la pandemia del COVID-19 trajo como efecto el incremento de la desocupación laboral y a esto se sumó un aumento migratorio tanto de tránsito como de acogida en Ecuador.
“Ecuador siendo un país dolarizado fue visto como la puerta para que los ciudadanos extranjeros entren, y entre los buenos migrantes también entraron escorias de la sociedad y buscaron ganar el dinero fácil valiéndose de la desventaja que tienen las leyes hacia el ciudadano de bien y se ampararon en los derechos humanos que más protegen a los delincuentes que a los buenos ecuatorianos”, refiere el especialista.
Pese a estas situaciones adversas, Sevillano cree que las acciones dispuestas en materia de seguridad han reflejado un limitado conocimiento de lo que realmente pasa en territorio y de lo que falta en cuanto a inteligencia de seguridad.
“Hubiera sido más favorable empezar, con todos los medios económicos, tecnológicos y humanos, una nueva estructura depurada de servidores públicos profesionales en la materia de política en seguridad pública, de nuevos mecanismos de inteligencia y contrainteligencia territorial, de habilitar operaciones especiales preventivas en seguridad, de implementación de presencia del Gobierno en fronteras y zonas conflictivas”, remarca.
El especialista señala que Ecuador vive el efecto de inseguridad que experimenta Latinoamérica, donde delincuentes comunes pasaron a integrar bandas criminales transnacionales y el narcotráfico se infiltró en las arcas políticas y, por ende, en los núcleos del mismo del Estado. “Hoy Ecuador no es la excepción de este efecto dominó y no ha logrado disminuir los índices de criminalidad, violencia e injusticia social”, recalca.
Sobre los estados de excepción decretados para frenar la criminalidad, Sevillano menciona que esta ha sido una medida que ha ayudado a poner temporalmente a los buenos ciudadanos a buen recaudo, pero a costa de sacrificar el libre moviendo y sus propios derechos de libertad.
El mecanismo de implementar un estado de excepción, dice, sin un plan de seguridad nacional, que permita dar continuidad a la presencia del Estado a largo plazo en territorio, solo termina en una secuencia de recursos desperdiciados.
Autorización para el porte de armas
Una de las recientes acciones gubernamentales ante la ola delictiva que azota al país fue permitir el porte de armas cumpliendo con varios requerimientos. Para canalizar aquello, mediante el Decreto Ejecutivo 707 (1 de abril de 2023) se establecieron disposiciones reformatorias al Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos que se expidió en el Decreto Ejecutivo n.º169, publicado el 27 de marzo de 1997 y reformado el 15 de junio de 2015.
Esta decisión sumó voces a favor y en contra de varios sectores de la sociedad. Universidades, ciudadanía y expertos reaccionaron ante la medida. Algunos aprobaron el porte de armas aduciendo estar cansados de la delincuencia y otros lo desaprobaron por considerar que aquello traería consigo más violencia.
“El Gobierno debía activar leyes que apoyen a la Policía a un total derecho de usar sus armas, de abatir o neutralizar a los delincuentes bajo el parámetro de medir la intención del delincuente de hacer daño o de medir su actuar en base a la amenaza progresiva. Las fuerzas del orden debían ser los primeros en tener la capacitación psicológica, operativa y el armamento con permiso de porte para su constante labor en la lucha contra la delincuencia”, comenta Carlos Sevillano.
Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), opina que sería injusto adjudicarle al Gobierno toda la responsabilidad de la inseguridad que se vive en el país, ya que las condiciones en que asumió la nueva administración fueron complejas.
“Hay que pensar de todas maneras que el país necesita de respuestas contundentes, urgentes y parece que el Gobierno quedó entrampado en la discusión de la coyuntura, en tratar de atender la coyuntura a través de una serie de estados de excepción que son excepcionales, que sirven para atender una situación extraordinaria que no hace frente al problema estructural de la seguridad”, manifiesta.
Refiere que es innegable que en la actualidad hay una nueva dinámica de la operación de organizaciones criminales y eso ha desencadenado el nivel de violencia que se evidencia en las calles. “Esto es una demostración de una embestida del crimen organizado internacional que está operando de una forma perversa”, señala Pérez.
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Él cree que la situación se ha agravado porque el Gobierno ha enfrentado esta crisis en medio de una inestabilidad política (que provocó incluso el decreto de muerte cruzada este miércoles 17 de mayo), y eso limita la capacidad de respuesta del Estado.
El docente sostiene que el problema estructural de inseguridad tiene al menos tres aristas: un proceso de desinversión estatal para fortalecer la capacidad de las instancias encargadas de la seguridad, una mermada inteligencia en esta materia y los vacíos de atención en cuanto a las necesidades básicas.
“Cuando tenemos niños de 13 años actuando como sicarios en Esmeraldas nos vamos a dar cuenta de que hay dos generaciones, la de esos niños y la de sus padres, que no fueron atendidas por el Estado, por lo tanto, dejaron que se resuelvan entre comillas la vida como mejor podían. Entonces, hay un vacío estructural de atención del Estado que se suma a una dinámica internacional perversa donde el flujo de capitales es tan amplio que hace que ningún negocio sea tan rentable como vincularse al crimen organizado internacional”, explica Pérez.
Incorporación de más policías y repotenciación de cuarteles
El 8 de abril del 2022 el presidente Guillermo Lasso anunció en Guayaquil que su gobierno incorporaría a la Policía Nacional a 30.000 nuevos agentes en los próximos tres años, estos agentes se sumarían a los 50.000 que ya hay en el territorio nacional. También habló de mejorar el equipamiento y la tecnología de la Policía Nacional con una inversión de 1.200 millones de dólares.
A mediados de octubre de ese año se graduaron 1.500 nuevos uniformados de los cuales el 70 % se destinó a Guayaquil y Quito para reforzar los patrullajes en las dos ciudades más grandes del país. Este grupo se sumó a 779 agentes graduados en mayo. Y a finales de octubre del 2022 8.500 aspirantes a policía empezaron su proceso de formación en las 32 escuelas que hay a nivel nacional.
En la línea de reforzar el accionar policial, en febrero de este año el Gobierno planteó un nuevo modelo de gestión con repotenciación de 81 unidades policiales, con blindaje, y la construcción de 20 cuarteles intermedios. En este plan se incluyó a las provincias de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Los cuarteles intermedios, se anunció, tendrían una capacidad de 150 a 250 uniformados, donde los agentes puedan vivir, tener lugares de capacitación, entre otros espacios. (I)
Fuente: El Universo
