Como lo ofreció en cadena nacional la noche del martes último el presidente Guillermo Lasso, su Gobierno, mediante el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, presentó, la mañana de este 8 de febrero, una denuncia formal en la Fiscalía contra seis jueces que supuestamente han beneficiado con sus decisiones a “delincuentes”.
Ordóñez explicó que a los cinco nombres expuestos por el primer mandatario en cadena nacional se incluyó un nombre más, el cua no lo dio a conocer. Más tarde esta misma lista de nombres se presentaría en el Consejo de la Judicatura (CJ) para que esta instancia analice los casos y adopte las decisones que considere apropiadas.
Para el funcinario gubernamental es necesario que se investigue penal y administrativamente la conducta de jueces que “aparecen vinculados a decisiones judiciales que benefician a delincuentes y perjudican a ciudadanos en la seguridad”.
Según Ordóñez, la decisión de presnetar una denuncia llegó luego de que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional entregaron al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) una investigación en los que se señalan nombres de jueces que se repetirían en una serie de casos donde se dejaron libres a delincuentes, asesinos, violadores, personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, al tráfico de armas.
El secretario de Seguridad asegura que no se quiere crimializar a nadie, pues es la Fiscalía la que debe investigar y llevar a las cortes cuando existan elementos suficientes para un hecho penal y el CJ sancionar administrativamente. Diego Ordóñez asegura que el Gobierno lo que ha hecho es simplemente colocar a conocimiento de la ciudadanía hechos que han ocurrido y han sido públicos.
“Los jueces tienen que servir a la justicia, los jueces tienen que servir a la causa de la seguridad. Los jueces que están poniendo la administración de justicia al servicio de la delincuencia están atentando contra un bien que es fundamental en la convivencia de los ciudadanos: la seguridad”, refirió Ordóñez.
La denuncia estuvo acompañada del informe presentado al Cosepe por el Ministerio de Interior y la Policía, en donde se hace la relación a la nvestigación de los jueces y los casos en los que están involucrados. Este documento habria sido aprobado por el Cosepe ya partir del mismo se dispuso la denuncia.
El primero caso en ser mencionado por el presidente Lasso fue el de Ángel Lindao Vera, juez multicompetente de La Concordia destituido por el CJ por manifiesta negligencia. Luego se señaló el nombre de Juan Carlos Terán Moreno, de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes.
Lasso incluyó en la lista de jueces expuestos a los magistrados de Manabí, Alexandra Quintero Prado y Luis Alarcón Bowen, quienes ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Y finalmente nombró a Émerson Curipallo, juez de Santo Domingo de los Tsháchilas que, resaltó el primer mandatario, firmó más de 15 boletas de excarcelación, “abusando de la acción de protección”.
Del sexto nombre Ordóñez no se refirió, pero apuntó que más adelante se tendrá la evidencia respecto a cada uno de los casos denunciados. De todas formas, el secretario de Seguridad reiteró lo dicho por el presidente Lasso respecto de que harán exactamente lo mismo con todos aquellos jueces que siguen camino de los ya denunciados.
“Lo que corresponde a un Gobierno que tiene una convicción respecto a la seguridad es pedir que la Función Judicial y los jueces sirvan a esa causa y es responsabilidad moral exponer frente al país y a las autoridades de investigación el nombre de aquellos jueces que entendemos no están obrando en esa línea. No hay estrategia de seguridad que funcione sin que los jueces operen en consecuencia a esa estrategia”, concluyó. (I)
Fuente: El Universo
