Caso Dhruv, a poco de cumplir seis meses sin que se conozca resolución sobre si los 18 procesados por peculado son o no llamados a juicio

Conocer formalmente si son o no llamados a juicio por el delito de peculado es algo que necesitan saber las defensas de los 18 procesados a quienes se los acusa de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, ocurrido en 2008.

En la causa se está a poco de cumplir seis meses de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera suspendió la audiencia preparatoria de juicio (30 de julio de 2022) para ingresar en un periodo de deliberación y analizar todo lo dicho por los sujetos procesales en cinco días de diligencia.

Diego Chimbo, abogado del procesado brigadier general (sp) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Mejía, cree que el denominado plazo razonable en este caso ya se ha superado en demasía y es un derecho que tienen las personas investigadas a conocer en un “tiempo prudente” cuál es la decisión, cuál es su situación jurídica.

La defensa de Salinas cree que en esta causa los sujetos procesales no han presentado reparos ante el tiempo tomado para la decisión, porque no hay personas con orden de prisión preventiva y, además, porque el peculado es un delito que no prescribe.

La investigación de Fiscalía comprendió hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados con la adquisición de siete helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa, y la HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A. El proceso se formalizó mediante el contrato suscrito el 5 de agosto de 2008.

El juez Rivera debe dar a conocer de forma oral si accede al pedido hecho por la fiscal general, Diana Salazar, y la Procuraduría, como acusadora particular, de que se llame a juicio a los 18 procesados o da paso a la solicitud hecha por los acusados de que se emita un sobreseimiento para todos, pues aseguran que son inocentes de los cargos imputados.

A más de Mejía, por peculado son procesados los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa: Javier Ponce y Wellington Sandoval; Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE Antonio Puga; el excomandante de la FAE Rodrigo Bohórquez; el ex director ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales; el ex jefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza, brigadier general (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.

Para Salazar, los funcionarios públicos investigados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Aseguró que ellos arbitrariamente, haciendo uso de su función en sus diferentes roles, quebrantando sus obligaciones establecidas en la Ley y la Constitución, terminaron beneficiando a la empresa HAL con la adjudicación del contrato con el que se adquirieron los helicópteros Dhruv.

TENA. El 27 de enero de 2015, en la ciudad de Tena, se accidentó el cuarto helicóptero Dhruv adquirido por la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la empresa HAL, de la India.

“Se transgredió el bien jurídico de la eficiencia de la administración pública desde el deber de fidelidad y lealtad del servidor público y el deber de actuar conforme los principios que rigen a todos los servidores públicos constitucionalmente”, explicó en la audiencia preparatoria de juicio Salazar.

Este hecho, a decir de la Fiscalía, causó un perjuicio al Estado ecuatoriano por $ 66,4 millones. A ese monto se habría llegado, dijo Salazar, conforme una experticia contable de costos en inversión estatal en la operatividad y funcionamiento de los helicópteros adjudicados.

Más allá de lo expuesto por la fiscal Salazar, Chimbo insiste no solo en la inocencia de Mejía, sino de toda la Comisión Técnica que está siendo investigada en este caso. El abogado cree que sí existe una problemática grande en el momento en que se dio la recepción por partes de los helicópteros y precisa que todas las etapas anteriores están correctamente realizadas.

Desde esa perspectiva, la defensa de Mejía piensa que este tema podría haberse resuelto desde lo administrativo, por ejemplo, con una glosa a quienes recibieron los helicópteros y se acababa el tema.

“Desde mi perspectiva la problemática está en la recepción, pues aquí recibieron los helicópteros por partes. (…) En otras cosas no, tomaron las ofertas más baratas, los helicópteros Dhruv en todas las partes del mundo existen certificados que sí funcionan, tenemos certificaciones de peritos que hablan que los helicópteros se cayeron por error humano y no por error de máquina, y eso es supremamente importante”, refirió Chimbo.

En respuesta a la acusación, Andrés Chasillacta, abogado del exministro Sandoval, cree que el caso por peculado presentado por la Fiscalía es imposible de ser probado. Afirmó durante la audiencia que no hay un hecho en conjunto que su cliente haya realizado con alguno de los procesados y además, apuntó, los actos que se le han imputado a su cliente no constituyen un delito y la Fiscalía al momento de indicar cuál fue la forma de contratación habría confundido dos hechos importantes en derecho administrativo y por ende no hay un delito que perseguir. (I)

Fuente: El Universo

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