En una coyuntura de denuncias de presuntos financiamientos ilícitos a las campañas electorales de actores políticos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) arrancará con la implementación del Sistema de Interconexión de Datos articulado al Sistema Contable del Plan de Cuentas de las organizaciones políticas, que debe funcionar desde los comicios del 5 febrero del 2023, en los que se elegirá a 5.600 autoridades de gobiernos locales, a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y se votará por el referéndum de enmienda constitucional.

Las reformas al Código de la Democracia vigentes desde febrero del 2020 crearon una herramienta tecnológica e informática denominada Sistema Contable del Financiamiento a la Política, mediante el cual los movimientos, partidos y sujetos políticos deben registrar de manera obligatoria su Plan de Cuentas.

Esto implica que el CNE debe hacer pública la información relativa al financiamiento y gasto de las campañas electorales a través de su página oficial, y para controlar el gasto electoral (dineros privados) debe ejecutarse y reportarse dicha información en lapsos de máximo quince días hasta finalizado el proceso electoral.

La norma dio un plazo de 180 días para que el CNE lo implemente, por lo que desde los comicios generales del 2021 se observó que los sujetos políticos ingresaban esta información en el portal institucional.

Pero a ese sistema, el Código le sumó la creación del Sistema de Interconexión de Datos, que debe empezar a operar desde estos comicios seccionales del 2023.

“El Sistema de Interconexión de Datos deberá empezar a operar para las elecciones seccionales del 2023, sin perjuicio de las mejoras o actualizaciones que se hagan a partir de ese momento. Su implementación deberá constatarse en la planificación estratégica de las instituciones participantes, a fin de prever los recursos económicos y humanos necesarios”, señala el segundo de la disposición primera del Código electoral.

En cumplimiento de ello, el Plan Operativo Anual (POA) del 2023 aprobado por el Consejo contempló una inversión de $ 757.000 para ejecutarlos y su cronograma de actividades fue aprobado el 30 de diciembre del 2022.

La inversión para el Sistema Contable del Financiamiento a la Política requeriría de un presupuesto de $ 602.322 y otros $ 155.608 para desarrollar el Sistema de Interconexión de Datos para el control del financiamiento a la política.

Esta plataforma de ‘control cruzado’ tendrá como objetivo recoger la información depositada en cualquier organismo público o privado, referente al financiamiento político, sin perjuicio de limitaciones como la privacidad, propiedad intelectual o seguridad integral.

Además, se obliga a las autoridades privadas y públicas a entregar información para controlar los montos del origen y destino de los recursos que se usen en las campañas electorales, y ninguna información podrá negarse argumentando sigilo o reserva bancaria o cualquier otra restricción.

La Superintendencia de Bancos es una de las entidades llamadas a integrarse al Sistema de Interconexión para el Financiamiento a la Política. Foto de Archivo

Se podrán reportar incumplimientos al Servicio de Rentas Internas (SRI), a las autoridades de regulación del sistema financiero, como las superintendencias de Bancos y Compañías, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La ley dispone que la información que sea requerida a cualquier institución debe entregarse en un plazo de ocho días luego de hecho el pedido y quien no la proporcione, sea funcionario o representante de una entidad, podría enfrentarse a sanciones que fijará el CNE o el TCE.

La investigación que se abra será reservada hasta que concluya y se emita la resolución.

Esta tarea compromete a las superintendencias de Bancos y Compañías y las entidades de control del Gobierno central, en cuyo caso están el SRI, la UAFE, la Contraloría y Fiscalía.

La información será de acceso gratuito y público; y, hasta los comicios generales del 2025, el sistema deberá estar plenamente operativo para ejercer este control cruzado, ya que corre un plazo de cinco años desde que se aprobaron las reformas para su ejecución.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, reiteró que este proyecto permitirá observar “quiénes son los aportantes” a las campañas electorales y con ello abrir paso al control ciudadano.

“Este sistema nos permitirá interconectar esa información de forma automática y, de ser el caso, emitir alguna alerta que se pueda enviar a la UAFE o al SRI para su análisis. Estamos trabajando en aquello y tiene un costo bastante importante”, explicó la autoridad.

La urgencia en la implementación de esta herramienta se da en medio de las alertas del denominado Frente Parlamentario Anticorrupción, que denunció de posibles relaciones de organizaciones narcodelictivas con algunos de los candidatos que participan en las elecciones seccionales que se llevarán a cabo este 5 de febrero.

En los últimos días, este Frente, liderado por los legisladores Fernando Villavicencio y Sofía Sánchez, entregó a la Fiscalía General información relacionada con este tipo de casos que se estarían dando en Manta y Tosagua (Manabí); en San Lorenzo, Rioverde, Atacames y Esmeraldas, en Esmeraldas; en Sucumbíos y Bolívar e incluso se mencionó al legislador Ronny Aleaga, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES).

Al ser consultada sobre el tema, Atamaint afirmó que el Consejo Electoral tiene la competencia administrativa para calificar candidaturas y promover procesos electorales, pero en temas relacionados con la ‘narcopolítica’ o delitos comunes les corresponde investigar a la Fiscalía y otras instituciones.

“Nosotros nos encargamos de verificar y procesar infracciones electorales y no delitos comunes. La competencia del CNE es que los candidatos que están en campaña cumplan con el Código de la Democracia, no podemos inmiscuirnos con las competencias de otras funciones del Estado”, precisó. (I)

EU.