Frente Parlamentario Anticorrupción pide al presidente Guillermo Lasso declarar un estado de excepción en contra de la minería ilegal

El Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) pidió al presidente de la República, Guillermo Lasso, que declare un estado de excepción a nivel nacional en contra de la minería ilegal.

En un comunicado publicado en Twitter, el grupo de asambleístas que integran el FPA explicó las razones por las que pide esa acción.

Consideramos que las medidas adoptadas desde los entes de control no dimensionan ni consideran los daños ambientales y la desintegración sociocultural que ha generado la minería ilegal en los puntos geográficos afectados ante la falta de acciones estratégicas y contundentes para enfrentar esta actividad ilícita, que se ha manifestado de manera exponencial en este año 2022″, escribieron al inicio de la misiva, que está compuesta de cuatro páginas.

Según lo expuesto en el comunicado, “la declaratoria del estado de excepción se fundamenta en el incremento de las actividades de minería ilegal, así como también de delitos conexos, tales como tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; tenencia y porte de armas; almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, trata de personas, entre otros”.

En el documento mencionan varias zonas en donde se practica la minería y las afectaciones al medioambiente, entre ellas Camilo Ponce Enríquez (en la provincia del Azuay), así como Naranjalito, Anzu la Victoria, Pioculín, Nueva Jerusalén y Santa Rosa (Napo); además, San José de Guayusa, Sardinas y San Marcos (Orellana). A ellas se añade Zaruma (El Oro).

En el caso de Camilo Ponce Enríquez, señalan que la minería ilegal ha generado daños en las riberas de los ríos Guanache y Gala. Mientras que en Napo “se evidencia un crecimiento acelerado de actividades de extracción ilegal”.

De Orellana comentan que están siendo afectados los ríos Punino y Sardinas, que son los afluentes del río Payamino y Coca.

Con respecto a Zaruma, indican que desde el análisis económico se conoce que “existen 27 empresas de 418 cuya actividad económica es la explotación minera, de las cuales 14 presentan en los estados de resultados constantes en la página de la Superintendencia de Compañías pérdidas por la suma de 2′530.893,50 USD, es decir que, aparentemente, estas empresas no permiten determinar el valor a pagar en los periodos que reflejan pérdidas, lo que hace presumir que esta información constante en la página web de la Superintendencia de Compañías no es real, dado que ninguna empresa podría estar laborando a pérdida, cuando su objetivo de constitución del negocio es obtener un (sic) rentabilidad o utilidad”.

Entre los legisladores que hacen parte del FPA están Fernando Villavicencio, Eduardo Mendoza, Washington Varela, Gisella Molina, Diana Pesántez y Ricardo Vanegas. Son catorce en total quienes firman la misiva. (I)

Fuente: El Universo

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