Una segunda denuncia por violencia política de género llegó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, planteada por la vicepresidenta Verónica Abad Rojas.
El 20 de septiembre último, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, presentó una nueva denuncia en contra de Daniel Noboa, su viceministro de Gobierno, Esteban Torres, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero, y la funcionaria Diana Jácome, en la que los acusa de violencia política de género.
Aunque el expediente no revela el contenido, en el reciente caso, la autoridad había argumentado, entre otras razones, su traslado a Turquía, obligándola a incurrir en omisiones como embajadora de Ecuador en Israel y la acusación de que planea un golpe de Estado.
Abad apunta que su traslado a Turquía para cumplir las funciones de embajadora de Ecuador en Israel desde Ankara es un acto de «agresión que limita el ejercicio de las funciones asignadas por el propio presidente de la República. Cargo que no lo puedo ejercer en condiciones de igualdad, pues ningún otro embajador cumple sus funciones a distancia para fomentar relaciones amistosas con un Estado desde otro con el que se encuentra en crisis diplomática».
Describe también que cuando presentó la primera denuncia, en la que sugiere al Tribunal que aplique la máxima sanción contemplada en el Código de la Democracia, que es la destitución, la acusaron de preparar un golpe de Estado con el fin de afectar su imagen.
Reclama que la Función Ejecutiva propagó una campaña mediática para responsabilizarla de querer desestabilizar el país para obstaculizar su derecho de acceder a la justicia.
A Jácome la menciona porque en una declaración de prensa había regañado a Abad que, si hubiera sufrido de violencia política de género, debería renunciar. Eso «minimiza la experiencia de las mujeres que denuncian violencia política, asumiendo que la única salida es el retiro, en lugar de exigir justicia o soluciones institucionales».
En esta ocasión, Abad no pide la destitución de los acusados, pero sí que haya una disculpa pública; que de ser sancionados en última instancia, acudan a la capacitación en un programa no menor a 200 horas sobre el ejercicio de los derechos de participación.
También, que Daniel Noboa evite todo acto de agresión en su contra, como el respeto al orden constitucional en la sucesión presidencial ante su ausencia temporal o definitiva; y, a Sommerfeld, Jácome y Torres que se abstengan de cometer actos y omisiones.
Este es el segundo proceso que entabla la vicepresidenta y por la misma tipología que es una infracción electoral grave contenida en el Código de la Democracia y que puede a llegar a sancionarse con una multa de hasta 70 salarios, la suspensión de los derechos de participación hasta por cuatro años y la destitución del cargo.
El juez Ángel Torres Maldonado resultó sorteado para conocer la última denuncia, pero dispuso su acumulación y la tratará el juez Guillermo Ortega Caicedo.
Fuente: El Universo
ra
