En un año complicado para la economía de Ecuador, golpeado por la inseguridad, la sequía y una grave crisis eléctrica, el Gobierno de Daniel Noboa ha puesto su mirada en China, uno de los países que entre 2009 y 2016 fue uno de los mayores prestamistas del país.
El Ministerio de Finanzas solo informó que el ministro Juan Carlos Vega estará en ese país del 23 al 26 de septiembre de 2024 para “potenciar la relación bilateral financiera que permita impulsar inversiones en proyectos de energía y seguridad ciudadana”.
Pero lo más probable es que se trate de una agenda para conversar sobre financiamiento, dice el exministro de Economía, Fausto Ortiz.
“¿Para qué otra cosa se reuniría con representantes de bancos chinos el ministro de Finanzas, que es el que está a cargo del endeudamiento?”, agrega Ortiz.
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De hecho, el Ministerio de Finanzas informó que las reuniones de Vega serán con el Ministro de Finanzas de China y con los representantes de tres bancos chinos: el Banco de Desarrollo de China (CDB), el Banco Popular de China y el Banco de Exportación e Importación de China (China Eximbank).
Se trata de los mismos bancos con los que el país llegó a acumular entre 2009 y 2019 una millonaria deuda, que incluso en 2016 alcanzó el punto más alto y llegó a representar casi 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador: USD 9.622 millones.
Ecuador todavía le debe USD 2.986 millones a China
Y es que durante el correísmo, China se convirtió en uno de los principales prestamistas de Ecuador mediante operaciones de preventas petroleras y créditos atados a la venta anticipada de petróleo, cuyas condiciones fueron poco transparentes.
Además, muchos de esos créditos estuvieron condicionados a la construcción de obras con empresas chinas, algunas de las cuales fueron luego cuestionadas.
Una de ellas es la gran hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, obra observada por Contraloría por tener cientos de fisuras y que hoy, en medio de la crisis eléctrica y los apagones, no entrega toda la energía para la que fue diseñada.
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Otra obra adjudicada a empresas chinas es la hidroeléctrica Sopladora, construida por el consorcio integrado por la empresa estatal China Gezhouba Group y por la ecuatoriana Fopeca. La Contraloría sancionó con una glosa de USD 248 millones al consorcio, por retrasos en las obras.
Además, Sopladora también ha tenido que salir de operación por fallas en sus turbinas, como ocurrió en septiembre de 2023.
Aunque tras la salida del poder de Rafael Correa, Ecuador bajó su dependencia con China en términos de financiamiento y los siguientes gobiernos volvieron a buscar préstamos de multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), hoy Ecuador todavía le debe al gigante asiático un saldo de deuda por USD 2.986 millones.
42% de la deuda con China vence en los próximos tres años
Además, Ecuador, a través de la estatal Petroecuador todavía tiene dos compromisos de venta de petróleo pendientes que debe entregar a China hasta 2027.
Se trata de dos contratos de ventas anticipadas de petróleo firmados en 2011 y 2016 con Petrochina, subsidiaria de la petrolera estatal CNPC.
Con estos contratos, Ecuador se comprometió, en un inicio, a entregar 192 cargamentos de petróleo o 69,1 millones de barriles hasta 2024. Pero en 2022, tras una renegociación, las entregas se alargaron hasta 2027.
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¿Qué busca el Gobierno de Noboa con China?
Una de las primeras alternativas que tendría el Gobierno de Noboa en estos acercamientos con China es buscar un cambio de condiciones para extender los plazos y tener más tiempo para pagar esos saldos pendientes, explica Ortiz.
La mayoría de los créditos con China que todavía están pendientes vencen en 2027, por lo que una renegociación daría alivio al menos para los próximos tres años.
Y sería una medida oportuna sobre todo porque entre 2025 y 2027 aumentan los pagos de deuda externa que tiene que hacer Ecuador.
En esos años Ecuador tendrá que comenzar a pagar los vencimientos de algunos bonos de deuda externa emitidos en 2020, y también hay mayores cuotas (amortización) de la deuda con China.
Por ejemplo, las amortizaciones de deuda con los tres bancos chinos en 2024 suman USD 332 millones, pero para 2025 aumentan a USD 699,8.
La última renegociación de condiciones con China se concretó en 2022, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, explica el exviceministro de Finanzas, Daniel Lemus, que fue parte de esa administración.
Con la renegociación se logró extender tres años más el plazo de pago de la deuda con estos bancos chinos y hubo también una leve reducción de las tasas de interés, explica Lemus.
Y, como parte de esa renegociación, además, el Gobierno de ese entonces consiguió un período de gracia de seis meses para un tramo de la deuda con Eximbank y liberar una parte del petróleo comprometido con la petrolera china CNPC.
De ahí que una segunda alternativa que podría buscar el Gobierno de Noboa es liberar otro tramo de petróleo que todavía está comprometido con China, dice Lemus.
El mecanismo que implementó el gobierno de Rafael Correa consistía en respaldar con petróleo los créditos que otorgaban los bancos Chinos a Ecuador. Aunque los contratos de venta de petróleo y los préstamos de los bancos eran operaciones separadas, al final del día operaba como un sistema para garantizar que Ecuador pague, agrega Lemus.
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Para garantizar que Ecuador pague el préstamo, lo que hacía China es que una parte del dinero de la venta del petróleo lo depositaban en una cuenta, en una escrow account (cuenta de depósito en garantía). El dinero luego se liberaba y se pagaba a Ecuador por venta del petróleo, pero si el país incumplía el pago del préstamo al banco, China podía cobrar lo adeudado de la escrow account.
Lemus explica que liberar petróleo permitiría que el Gobierno tenga más petróleo disponible para vender en el mercado spot, con lo que recibiría liquidez más rápido, ya que en el mecanismo de venta de petróleo como garantía de préstamos, el dinero se tarda más tiempo en llegar a a las arcas fiscales.
Y una tercera alternativa que los analistas no descartan es que Ecuador busque una nueva operación de crédito con China, dadas las necesidades de recursos para enfrentar la crisis de inseguridad y también para cubrir el déficit de generación de electricidad que ha llevado al país a cortes de luz programados y que llegan hasta las 12 horas en algunos sectores.
Un nuevo crédito, sin embargo, también requeriría garantías, tal como ocurrió en el correísmo. El desafío es que las condiciones sean transparentes, dice Lemus.
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