Desde el 20 de septiembre de 2024 está en análisis de la Corte Constitucional (CC) un proyecto de reforma parcial a la Constitución, de iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa, para que el Estado deje de financiar la propaganda electoral de las organizaciones políticas.
Si esto es aprobado, la reforma no se aplicará en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 9 de febrero de 2025.
Según el Gobierno, el objetivo de la propuesta es evitar “el mal uso de los recursos públicos que son otorgados a los candidatos y que históricamente no han sido debidamente justificados ni transparentados”. Se plantea además que esos fondos sean destinados a salud, educación y seguridad.
Para las elecciones de febrero de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó una proyección del Fondo de Promoción Electoral que alcanza los $13’760.259. De este monto, se calcula que cada fórmula presidencial recibiría $310.000 para su promoción en medios y vallas. El rubro consolidado se conocerá el 30 de diciembre de 2024, cuando el CNE oficialice la lista de candidatos que participarán en las elecciones de febrero de 2025.
La propuesta de Noboa enviada a la CC, es el tercer intento que se realiza para que el Estado deje de erogar recursos públicos para financiar la propaganda de partidos y movimientos políticos.
En una entrevista en un medio televisivo, el vocal del CNE, José Cabrera, se declaró en contra de que el Estado pague la promoción electoral. Relató que en 2020, cuando se realizaron las reformas al Código de la Democracia, ya se propuso que el país no debería pagar esta promoción, sin embargo, en la Asamblea no aceptaron la iniciativa.
El artículo 115 de la Constitución ordena que el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de propuestas de las candidaturas.
Propuesta del expresidente Guillermo Lasso
En la consulta popular de febrero de 2023, de iniciativa del expresidente Guillermo Lasso, también ya hubo un intento de controlar el negocio electoral y evitar que el Estado siga destinando altos presupuestos para la promoción y financiamientos de las organizaciones, pero la pregunta no se aprobó.
Entre 2013 y 2021 el Estado desembolsó $122’519.359 como rubro del Fondo de Promoción Electoral (FPE) para fomentar las propuestas de los candidatos en campaña.
Para los comicios del 5 de febrero de 2023, el monto para la promoción electoral aprobado por el CNE fue de $3’326.655 para prefectos, $4’594.498 para alcaldes, $3’743.586 para concejales y $1’853.302 para candidatos a vocales juntas parroquiales, según consta en un informe que se divulgó durante el régimen de Lasso.
Una vez que la Corte Constitucional se pronuncie ante la solicitud de Noboa, el siguiente trámite le corresponderá a la Asamblea. Pero desde ya, varios sectores en el Legislativo, se pronuncian a favor.
Lucía Posso (Independiente) cree que la propuesta del Ejecutivo no es “traída de los cabellos”, y señaló que el Código de la Democracia y la Constitución merecen algunas reformas, porque muchos sectores políticos se han servido de la posibilidad de contar con un financiamiento para “cumplir caprichos”; muchos de los cuales no han logrado obtener ni el 3% de votos del electorado y tampoco han devuelto el dinero que el Estado ha invertido en esas candidaturas.
Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), aseguró que en esa agrupación política ya se pasó revista a esta iniciativa, y consideran que es “una buena intención” y sería interesante que sea a través de la vía de un plebiscito, opinió.
Diario LaHora
