En la Asamblea Nacional hay dudas sobre el objetivo real de la más reciente propuesta de reforma parcial a la Constitución del presidente Daniel Noboa, con la que busca que se deje de financiar con dinero público a los partidos políticos.
Este 23 de septiembre varios integrantes de bancadas legislativas reaccionaron a la idea que ya fue enviada a la Corte Constitucional (CC) para el análisis de los jueces de ese organismo.
Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, está de acuerdo que se debe debatir sobre los recursos que financian a la política, pero cree que la propuesta de Noboa, en este momento, tiene fines electorales.
“Aparentemente, el Gobierno tiene muchas reformas de acuerdo a la temperatura de la política. Pone reformas cuando ve que existe algún problema con su popularidad”.
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Para Peñafiel, lo importante debería ser introducir normativa para controlar que los recursos que llegan a las organizaciones políticas no provengan del crimen organizado u otras actividades ilegales.
El legislador independiente Rafael Dávila que suele coincidir con las propuestas del Ejecutivo y de la bancada oficialista Acción Democratica Nacional (ADN), esta vez marca distancia.
Coincidió en señalar que, tienen en cuenta que el país entró en un periodo electoral, esta propuesta suena más a estar alentada por “apuros electorales”, más allá que no sería aplicable para las elecciones de febrero de 2025.
Dávila recordó que hay un dinero que los partidos y candidatos no reciben, sino que el Consejo Nacional Electoral (CNE), destina directamente para la promoción en medios de comunicación.
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“Ahí lo malo es la proliferación de partidos y movimientos políticos y eso se debe controlar con más severidad. Si en una campaña presidencial fuesen tres o cuatro candidatos, ese fondo no sería tan alto”, señaló el legislador por Loja.
La reforma
El viernes 20 de septiembre de 2024, Noboa envió una propuesta a la CC para modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución que fue aprobada en 2008 en Montecristi, Manabí, durante el gobierno de Rafael Correa.
El primero señala: “Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control”.
En tanto que, el 115, se refiere a la obligación del Estado de garantizar de “forma equitativa e igualitaria” la promoción electoral para la difusión de las propuestas de todas las candidaturas en los medios de comunicación.
La legisladora oficialista Nathaly Farinango defendió la decisión de Noboa y dijo que la propuesta responde a “pedidos ciudadanos” para que los recursos del Estado no se inviertan en temas como la política.
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