La Cámara de Diputados de México dio luz verde a otra de las 18 reformas propuestas por el jefe de Estado mexicano saliente, Andrés Manuel López Obrador, para consumar su proyecto político. Esta vez el aval se refiere a la militarización de la Guardia Nacional, uno de los objetivos de López Obrador y que, en el ocaso de su Administración, parece haber conseguido, aunque aún falta su trámite en el Senado y los congresos locales.
Con 362 votos a favor y 133 en contra, la bancada del izquierdista Morena, el partido oficialista, logró pasar la reforma a la Guardia Nacional, que propone ceder a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el control del cuerpo de seguridad, que tiene más de 120.000 miembros, modificando a la vez las funciones de los militares en tiempos de paz.
La Guardia Nacional nació en 2019, bajo el mandato de López Obrador, con el objetivo de reemplazar a la extinta Policía Federal, acusada por el Ejecutivo mexicano de ser corrupta, ineficaz y desordenada.
Aunque, en su creación, el nuevo ente de seguridad fue adscrito bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un ente civil, y se prometió mantenerlo así, la enmienda aprobada este 19 de septiembre cambiaría el panorama.
“La formación y disciplina de las Fuerzas Armadas garantizan su integridad y obediencia a las autoridades civiles y su lealtad a la patria y al pueblo de México”, expresó la diputada oficialista María del Rosario Reyes Silva, quien remarcó que, aunque la Guardia Nacional estaría administrada por la dependencia castrense, su actuar sería “policial”.
Mientras tanto, la oposición, imposibilitada de contrarrestar la mayoría calificada oficialista debido a sus pobres resultados en las elecciones del pasado 2 de junio, ha criticado la reforma como un paso del Gobierno obradorista para militarizar el país, una de las acciones pasadas que el actual presidente criticó duramente durante sus tiempos como candidato.
“Qué falta de memoria, tienen memoria selectiva, porque no se acuerdan de cuando se desgarraban las vestiduras por la presencia de los militares en la calle”, dijo Miguel Monraz, diputado del conservador Partido Acción Nacional (PAN), durante el pleno donde se aprobó la reforma.
La Guardia Nacional, a las órdenes del Ejército
El dictamen que avala una ‘nueva Guardia Nacional’ modifica los artículos constitucionales 21 y 129. El primero es modificado con la eliminación de una “garantía orgánica”, que obligaba al Gobierno a asegurarse que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil. El segundo modifica las limitaciones que tiene el Ejército en tiempos de paz, una norma que no se había tocado desde 1857.
Otro de los cambios destacables es el aumento en las atribuciones de la Guardia Nacional con sus labores de seguridad, antes limitadas a la persecución de los delitos. De ser finalmente aprobada en el Senado y congresos locales, la reforma permitiría a la Guardia Nacional realizar labores de investigación, a la par de la Policía y las fiscalías.
La medida ha sido ampliamente criticada por organismos de defensa de los Derechos Humanos, que alegan la peligrosidad de tener un ente controlado por el Ejército mexicano en las calles, situación que podría abrir puertas a violaciones flagrantes a las garantías individuales e impunidad militar.
“Hoy, en sus últimos días como presidente, (López Obrador) busca empoderar aún más a las Fuerzas Armadas en el país, otorgándoles facultades constitucionales inimaginables que las convertirían en un poder facultado para tareas de seguridad nacional, seguridad pública, de investigación, de participación en construcciones públicas, de vigilancia y control fronterizo, entre otras, cubiertos de un manto de secrecía y opacidad bajo un fuero militar”, mencionó en un comunicado la ONG Amnistía Internacional.
Desde su creación, la Guardia Nacional ha sido señalada por diversos organismos autónomos debido a su historial de detenciones arbitrarias, tortura y tratos inhumanos que, finalmente, llevaron a la muerte en ciertos casos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional ha acumulado alrededor de 1.772 quejas por violaciones a los Derechos Humanos desde el 2019.
López Obrador niega planes de militarizar el país
En respuesta a todos los cuestionamientos alrededor de la Guardia Nacional y la reforma que la incorpora al sistema castrense mexicano, el presidente mexicano ha intentado apaciguar las preocupaciones, negando tener planes de “militarización” o “represión” con la reforma, que solo busca, dice, garantías de que el organismo siga “actuando con rectitud”.
“Acerca de la represión y del militarismo, eso depende de la autoridad civil. En lo nacional, del presidente, ahora de la presidenta, porque de acuerdo con la legislación, a las leyes de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo o la comandanta suprema va a ser la presidenta de la República”, sostuvo López Obrador durante su conferencia matutina del 20 de septiembre.
El mandatario se mostró “muy contento” de la primera aprobación en la Cámara Baja de una de sus reformas estrellas, que lleva buscando desde el 2022, cuando trató, sin éxito, evadir una reforma constitucional para incluir a la Guardia Nacional en la supervisión militar, optando por modificar leyes secundarias donde no necesitaba mayoría calificada. La Suprema Corte invalidó el intento en el mismo año.
Además, López Obrador desestimó las preocupaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de miembros de la Guardia Nacional, rechazando la existencia de “problemas de abuso de autoridad” en el órgano.
“Han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa, no hemos tenido problemas de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional, la gente aprueba el desempeño de la Guardia Nacional”, detalló el presidente mexicano.
Fuente: France 24
