Las quejas fueron presentadas de forma simultánea. La Revolución Ciudadana (RC) busca sanciones para los legisladores Lenin Rogel (antes de PCS) y César Umajinga (SUMA-ADN), los dos aliados del Gobierno en la Comisión de Fiscalización.

Las dos solicitudes fueron enviadas al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, por separado, por las legisladoras de RC Arisdely Parrales y Jhajaira Urresta.

Ellas buscan sanciones en contra de los legisladores por actos que habrían ocurrido en la sesión de la Comisión de Fiscalización para calificar el juicio político de la fiscal general, Diana Salazar, el lunes 9 de septiembre de 2024.

Parrales interpuso la queja en contra de Umajinga. La legisladora pide una sanción bajo los artículos 170, numeral 3, y 171, numeral 8, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En esa normativa se establecen faltas administrativas graves y muy graves. Las sanciones van desde la suspensión de funciones de 9 a 90 días, sin remuneración. Según Parrales, Umajinga incurrió en esas faltas al tener un presunto conflicto de intereses.

En el documento de la queja se indica que el legislador tenía una investigación previa en proceso en la Fiscalía General del Estado, de la que se solicitó su archivo al juez competente el 6 de septiembre de 2024.

Por esta razón, Parrales dice que el legislador aliado al Gobierno no debía estar presente en la sesión para calificar el juicio político de la fiscal Salazar. “Tenía que principalizar al suplente o alterno para que asista a esa sesión y pueda votar de conformidad con la Ley”, se señala en el documento. Este hecho también fue denunciado por los legisladores de RC durante la reunión del 9 de septiembre. Pero el legislador Umajinga dijo desconocer esa investigación previa.

En cambio, la legisladora Urresta, quien interpuso la queja en contra del asambleísta Rogel, lo acusa por el artículo 171, numeral 3. En este inciso se identifica como falta muy grave a quienes incurran en “provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas”.

Según la legisladora de RC, Rogel fue parte de los incidentes en la sesión de la Comisión del 9 de septiembre, “alterando el orden y la dinámica de la misma y de los presentes, logrando exacerbar la actuación de los miembros de la Comisión, lo cual está prohibido”.

La sesión de la Comisión de Fiscalización es recordada como una de las reuniones más accidentadas por las discrepancias y gritos que se vivieron ese día.

Otro de los sustentos presentados en la queja contra Rogel se centra en su votación para acatar la orden del juez Édgar Romero, que provocó la reactivación de los juicios políticos de tres ministros del gobierno de Guillermo Lasso.

Rogel votó a favor de la decisión y alineado a los legisladores oficialistas del Gobierno. Esto generó malestar en el Partido Social Cristiano, lista 6, quienes lo separaron de su bancada. Para la legisladora Urresta, esto también muestra el mal accionar de Rogel.

“En este caso concreto, el asambleísta José Lenin Rogel Villacís, perteneciente al Partido Social Cristiano y miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, votó de tal forma que favoreció los intereses del oficialismo y no los de sus electores, quienes lo eligieron”, señaló.

Ahora, las dos quejas se suman a otra que presentó el correísmo para la legisladora del oficialismo Inés Alarcón. Las tres fueron presentadas este viernes, 13 de septiembre de 2024.

La queja en contra de Alarcón la presentó la asambleísta de la RC Paola Cabezas. A ella también se le pide una sanción de 30 días, sin sueldo. En este proceso hay dos causales.

La primera tiene que ver con “agredir de palabra a otro u otra asambleísta, funcionarias o funcionarios, servidoras o servidores parlamentarios dentro o fuera del recinto parlamentario”.

Y la segunda sería “hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la institución”. (I)